Golpes, discriminación, robos, humillaciones y hasta abandono son algunas de las situaciones que sufren más de 44 mil 600 adultos mayores en Quintana Roo. A pesar de que existe una legislación estatal que, de manera específica, protege sus derechos, en la realidad difícilmente se cumple.

De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Estatal de Población, en la entidad viven más de 111 mil 716 personas mayores de 60 años. De este grupo, el 40% sufre algún tipo de maltrato, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

14 de cada 100 adultos mayores afirman que son víctimas de humillación por parte de sus familiares. Ocho de cada 100 se consideran ignorados o que no recibe la atención suficiente. Seis de cada 100 son amenazados por sus hijos o nietos de ser corridos de sus hogares.

A cinco de cada 100, sus familiares les quitan el dinero de su pensión; mientras que cuatro de cada 100 son golpeados y tres de cada 100 fueron arrojados a la calle “por considerarse una carga” para su descendencia.

Según la información del INEGI, en las ciudades es donde más se refleja esta situación de violencia y maltrato contra los “abuelos y abuelas”, ya que en las comunidades rurales este sector de la sociedad está más protegido y, por tanto, menos vulnerable.

Natalia Fiotentini-Cañedo, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, explica que estos problemas tienen como principal causa el desempleo y la falta de recursos económicos entre los adultos mayores, haciéndolos dependientes de sus familiares, vecinos o terceras personas.

“Los datos estadísticos revelan que solamente dos de cada 10 adultos mayores reciben pensión o apoyo gubernamental, mientras que sólo uno de cada 20 tiene trabajo, aunque la mayoría son empleos informales, de autosostenimiento, o con ingresos de apenas el salario mínimo. La situación es aún peor para las mujeres que para los hombres”.

De esta manera, la mayoría tiene que vivir en los hogares de sus hijos o nietos, donde se dan el 80% de los actos de violencia en su contra.

Esto ha incrementado los casos de depresión entre los adultos mayores, lo cual no solo ha afectado su calidad de vida, sino también los ha inducido al suicidio: en los últimos tres años, 43 personas mayores de 60 años se quitaron la vida, según informes de la Fiscalía General del Estado.

“Lamentablemente no existen políticas públicas destinadas a atender esta problemática. Sí, existen los programas de apoyo del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); pero no poseen estrategias para prevenir y atender la tendencia al suicidio de los adultos mayores, estudiar sus causas, etc.”, aclara la experta.

En Quintana Roo existe una legislación que protege a este sector de la población, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y desde el 2019 se reformaron los códigos Penal y Civil para sancionar a los familiares que abandonen adultos mayores de 60 años, que por alguna circunstancia no puedan valerse por sí mismos.

Sin embargo, en el último año, sólo siete denuncias se han presentado ante la FGE por delitos contra las personas de la tercera edad: tres fueron por violencia familiar, dos por robo de sus propios familiares, y otras dos por ser arrojados a la calle.

De acuerdo con Fiotentini-Cañedo, esto es reflejo de la poca importancia que se le otorga a ese sector de la población, considerado el más vulnerable durante la actual pandemia.