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18 February 2020

 La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) interpondrá hoy denuncias penales en contra de 12 ex alcaldes del trienio 2015-2018 por el delito de daño patrimonial por un monto global de 128 millones de pesos.

El titular de la ASEY, Mario Can Marín, explicó que las irregularidades fueron identificadas en la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2018, asimismo, que la querella será interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de los ex alcaldes de Xocchel, Celestún, Tecoh, Huhí, Muxupip, Maní, Seyé, Tixcacalcupul, Ticul, Peto, Uayma y Kaua.

“Del análisis y revisión de los informes individuales se desprenden estas primeras denuncias que se presentarán este martes en la Fiscalía Anticorrupción, cabe mencionar que se siguen revisando y analizan informes individuales y es probable que surjan más denuncias que se presentarán en su momento”, advirtió.

Mario Can subrayó que “es una primera parte que sale del análisis y revisión de los resultados de los informes individuales presentados a finales de junio y octubre 2019, y del que presentaremos el próximo 20 febrero... los tiempos para emitir las acciones son más rápidos con la aplicación de la nueva Ley de fiscalización”.

El funcionario recordó que la nueva Ley de fiscalización incluye tres informes individuales de la revisión de la cuenta pública que la ASEY debe enviar al Congreso del Estado, de los cuales el primero es de junio, el segundo de octubre y el tercero será entregado el próximo día 20; asimismo, se dará ese día un informe general anual.

“Con esta nueva ley de fiscalización las acciones derivadas de los informes individuales se emiten de manera más rápida y no como antiguamente salían, hasta después de presentar el único informe a finales de febrero cada año; casi dos años después del ejercicio de los recursos públicos”, explicó.

En este contexto, Mario Can ejemplificó que la cuenta pública correspondiente al 2016 se auditaba durante todo 2017 y se presentaba el informe el 20 febrero de 2018, y de ahí 30 días para que solvente el ente fiscalizable y luego 120 días para emitir las acciones, es decir, casi dos años después de ejercido del recurso público y en algunos casos, dependiendo el mes, casi tres años.

“Con la nueva Ley de fiscalización es más rápido, ya que a estas fechas hemos emitido los pliegos de observaciones del primer y segundo informe, y en unos días emitiremos los pliegos de observaciones del tercer informe individual”, comentó.

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