Las sanciones por casos de maltrato animal en Quintana Roo, principalmente contra toros y caballos, no se han aplicado a pesar de las denuncias, debido a la falta de cooperación de los ciudadanos o de las autoridades.
Alonso Fernández Lemmen Meyer, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) de Quintana Roo, recordó que desde que inició la actual administración a finales de 2022, se han registrado alrededor de seis denuncias por casos de maltrato a caballos.
Uno de ellos, por atropellamiento, mientras que otros, por el descuido de los dueños; los equinos terminan en terrenos privados.
“Un tema delicado que hemos tenido es el tema de las calesas en Cozumel, pero ahí la Procuraduría está imposibilitada por un amparo que tienen los caleseros”, aseguró.
Lemmen Meyer consideró que el municipio de Cozumel podría hacer algo sobre las calesas, puesto que no forman parte del amparo; a ese medio de transporte no se le exige emplacamiento.
Por otra parte, las corridas de toros son defendidas y practicadas en comunidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, pero no se han aplicado multas a pesar de que ya están prohibidas en la ley estatal.
“A veces no nos llegan las denuncias en tiempo y forma, nomás nos llegan videos o publicidad en Facebook con fechas pasadas, pero de las 80 comunidades de Felipe Carrillo Puerto, la gran mayoría hace corridas de toros”, lamentó.
Labor de difusión El procurador aclaró que ya se ha exhortado a las administraciones municipales para que lleven a cabo un mejor trabajo de difusión de las leyes de protección animal, y se trabaja para aplicar sanciones en Cozumel por las calesas.
El Artículo 40 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo prohíbe el uso y tránsito de animales en vehículos de tracción en vialidades de asfalto, entre ellas las calesas turísticas, al igual que las corridas de toros, vaquillas, novillos y becerros.
Las sanciones incluyen multas de 100 a 200 veces el valor diario de las Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Andrea del Rosario González Loría, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso del Estado, resaltó que como la ley ya existe y no hay excepciones para su aplicación, lo ideal es que las autoridades municipales y estatales estén coordinadas para hacerla cumplir.