Más de 625 concesiones de placas del transporte público de Quintana Roo de propietarios que fallecieron se encuentran “en el limbo”, porque el Instituto de Movilidad de Quintana Roo no ha publicado el reglamento que permita transferir esas concesiones a familiares.
Esta situación ha afectado a quintanarroenses cuyos ingresos dependen casi por completo del servicio de taxi, como es el caso de doña Fátima Pinto Chuc, cuyo esposo, concesionario del servicio de taxi en Chetumal, falleció en febrero del año pasado.
“Desde entonces he dado cientos de vueltas al Instituto de Movilidad, pero no logro que las placas pasen a mi nombre, a pesar de que mi marido me designó como heredera de la concesión. Lo que me dicen en el Instituto es que no pueden hacer nada hasta que se apruebe el Reglamento de Movilidad”, dice la mujer.
Mientras tanto, asegura, la situación económica de ella y sus hijos se ha vuelto precaria: su hijo mayor quiso trabajar el taxi de su difunto padre para sacar adelante a su hermano menor, pero no puede hacerlo debido a que la placa regresó a resguardo del Instituto de Movilidad.
La contingencia sanitaria complicó aún más el panorama para esta familia, ya que con la pérdida de empleos es difícil que puedan tener una fuente de ingresos estable.
De acuerdo con Sergio Cetina Valle, secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), solo en la capital del estado, más de 45 familias en la capital enfrentan este obstáculo desde hace casi dos años, cuando se impuso la nueva Ley de Movilidad y las reglas del juego cambiaron.
Antes, afirma el dirigente del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa), el “papeleo” tardaba un par de meses, a lo mucho.
En Cancún, más de 340 familias esperan a que les otorguen la placa de sus familiares concesionarios del servicio de transporte, que fallecieron en los últimos 24 meses.
Iván López Sarza, ingeniero en transporte público y uno de los encargados de gestionar este trámite ante el Imoveqroo, explica que el problema actual de la transferencia de “placas” en Quintana Roo deriva en que su aplicación se basa en los términos establecidos en el reglamento, siendo que hasta el momento no existe tal norma.
“El artículo 120 de la Ley de Movilidad dice que este asunto se resolverá basándose en los supuestos del Reglamento de Movilidad. El problema es que no existe tal reglamento”, puntualiza.
Explica que los artículos transitorios de esa misma legislación fijaban como fecha límite en julio de 2019 para publicarlo. No se hizo y se aplazó hasta septiembre de ese año. Llegado el mes patrio, se volvió a postergar hasta diciembre del 2019.
Antes de las vacaciones decembrinas, el director del Instituto de Movilidad, Jorge Pérez Pérez, anunció que para brindar un “enfoque de género en cuanto a la movilidad del peatón”, se aplazaría de nuevo hacia marzo del 2020. Pero llegó la contingencia sanitaria, se suspendieron actividades y hasta ahora no se tiene fecha de cuándo será publicado.
Mientras tanto, el Imoveqroo ya pagó un millón 809 mil 600 pesos a la empresa Genie S.C., para dar el servicio de consultoría de este documento normativo.
Recientemente en el congreso fueron ingresados dos iniciativas que pretende establecer desde la ley cada uno de los supuestos, sin embargo, para el asesor de Suchaa no tendrá mayores efectos sino no se tiene un reglamento.