El hijo de Rosy Orozco, presidenta de la Asociación Unidos contra la Trata, organización que defiende derechos de las mujeres, Emilio O. de la G., es acusado en Cancún de ejercer violencia familiar y de ser favorecido por las autoridades locales.

Jorge Antonio Ruiz Velazco, abogado defensor de Sara N, esposa del señalado, explicó que su clienta solicitó el 9 de marzo medidas de protección en contra de su marido en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Benito Juárez, instancia a la cual también acudió -17 días después- su pareja para realizar la misma petición, la cual se le concedió de forma automática por la titular Rosa María Valentín Rodríguez.

Además el 30 de marzo, la víctima fue notificada sobre una demanda en su contra por violencia hacia su ex pareja y sus tres hijos. El documento 6191/2020 además señala que tiene prohibido comunicarse con ellos o acercarse a su domicilio, a pesar de que la vivienda se encuentra a su nombre.

“Es evidente la parcialidad con la cual se ha conducido la fiscal, llevando a cabo actos discriminatorios en contra de la señora; y violando con ello, no solo la procuración de justicia, que en el caso concreto rige y tiene la obligación de salvaguardar y proteger a las víctimas, en este caso a una mujer, madre y ama de casa”, mencionó el litigante.

Asimismo, Sara N señaló que pese a 11 años de malos tratos, agresiones verbales e incluso golpes, ella no se atrevió a denunciar antes debido a la amenaza de su marido de apartarla de sus hijos, quitándole la custodia y llevándolos al extranjero.

“Muchas veces le dije ‘me quiero divorciar’ pero me decía que no iba a volver a ver a los niños, ‘le voy a pagar a un fiscal para que se los lleve o para que me los entregue a mí’, y con eso tienes miedo de irte”, dijo.

El Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instruyen a los jueces y operadores de justicia (fiscales) a garantizar la igualdad procesal, es decir que la victoria de una de las partes no esté determinada por su situación ventajosa.

“Él tiene el recurso, las posibilidades, todo. La fiscal lo que debió hacer es atender la primera denuncia que interpone ella, por tiempo y derecho, pero dicta medidas para el otro (...) esto es lo que se llama influencia, porque a él le dan lo que le pide, y aplican la ley a su favor y ahí la autoridad está infringiendo la Ley”, dijo el abogado y añadió que por este hecho la Fiscal podría ser objeto de una investigación y enfrentar una separación de su cargo.