A casi siete años de haber comenzado el escándalo del fraude de Ficrea, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que sea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigue de fondo el asunto, con el fin de hacerle justicia a los casi 5,000 afectados que en la actualidad todavía no recuperan la totalidad de sus recursos que confiaron a esta entidad financiera.
Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre el tema e indicó que este tipo de fraudes dentro del sistema financiero se permitían gracias a la complicidad de las autoridades.
“Apoyamos, que nos den toda la información y que Santiago Nieto (titular de la UIF) los reciba (a los ahorradores). Estos fraudes se llevaban a cabo porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Secretaría de Hacienda, protegían a todos estos grupos financieros, esa es la verdad”, comentó López Obrador.
En el 2014, Ficrea fue intervenida gerencialmente por una presunta triangulación de dinero hacia su empresa subsidiaria Leadman Trade y en diciembre de ese año se declaró su disolución.
Un año después, la empresa entró a concurso mercantil, proceso que, a los 4,900 acreedores, muchos de ellos defraudados, sólo les ha pagado 20 centavos por cada peso que tenían ahorrado en esta entidad.
Para el presidente de México, es necesario que las personas sean prudentes al contratar los servicios financieros de una institución, especialmente si les ofrecen retornos superiores al promedio, con el fin de que no sean defraudadas.
“Estamos limpiando de corrupción y también pidiéndole a la gente que actúe con precaución, que no se deje engañar si le ofrecen intereses altos para guardar el dinero, para ahorrar, se tiene que estar muy atentos en eso para que no haya fraudes, porque se daña mucho a la gente, hay quienes ponen todos sus ahorros en una financiera y de repente quiebran o desaparecen”, comentó López Obrador.
Actualmente, quien era el accionista mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, se encuentra en un centro de migración de Estados Unidos, debido a que la autoridad de aquel país encontró inconsistencias en su estatus migratorio.
Pese a esto, en México existen órdenes de aprehensión que en caso de que regrese al país, podrían hacerse efectivas, por las acusaciones en su contra por el presunto fraude que en su momento la autoridad indicó que fue de 2,700 millones de pesos
(eleconomista)