La entrega del petróleo mexicano a manos de las élites internacionales fue un sueño largamente acariciado por los poderosos del planeta, hasta que se comenzó a concretar en el sexenio de Felipe Calderón.

Con ese objetivo pactado, se diseñó una estrategia para debilitar e ir destruyendo a Petróleos Mexicanos en forma progresiva.

La estrategia se movió en dos sentidos; en uno de ellos, se dejó de dar mantenimiento a las instalaciones y se detuvo la inversión que se requería para modernizar la empresa, consiguiéndose de esta forma la disminución gradual de la producción de crudo, así como la de los productos derivados de este.

En el otro sentido se fue difundiendo la idea de que el petróleo se estaba acabando y de que no era negocio refinarlo en México; con esto se logró que la opinión pública opusiera poca resistencia al endeudamiento de la empresa y a la importación de combustibles, y se preparó el terreno para asestarle el golpe final a la industria mexicana de hidrocarburos.

En el gobierno de Calderón, cuando el precio del petróleo estaba en su nivel más alto de la historia, se perdieron 3.3 billones, es decir, 3.3 millones de millones de pesos, en la disminución de la producción petrolera combinada con la ineficiencia administrativa de PEMEX.

Al cambio de gobierno, Peña Nieto designó a Emilio Lozoya como el operador que daría el golpe mortal a la industria petrolera nacional, tomando la estafeta de Calderón para continuar con la carrera acelerada hacia la destrucción de Petróleos Mexicanos.

Se abandonó el mantenimiento a las refinerías y se importó el 70% de la gasolina; se continuó disminuyendo la producción de petróleo y aumentando el endeudamiento de la empresa.

Se recibieron sobornos de empresas nacionales y extranjeras, mismos que repartieron entre funcionarios y legisladores para que se aprobara la reforma energética, con lo cual se entregó el 20% de las reservas petroleras a empresas privadas, que tampoco produjeron petróleo, sino que se dedicaron a especular en el mercado financiero internacional con las concesiones, y se dejó a PEMEX prácticamente en la quiebra.

En ese sexenio se perdieron otros 3.2 billones de pesos por disminución de producción e ineficiencia administrativa de la petrolera; la deuda pública que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos creció a más de 10 billones de pesos, lo que podría haberse evitado si la administración del petróleo se hubiera hecho en forma eficiente.

Hoy Lozoya se encuentra en manos de la Fiscalía de la República, revelando quienes fueron responsables junto con él por este saqueo inconcebible del país, negociando a cambio la salvación de su propio pellejo.

Estos actos por medio de los cuales se tiraron por la coladera casi 7 millones de millones de pesos de la riqueza nacional en dos sexenios, que además nos endeudaron por generaciones en forma deliberada, mientras ellos se enriquecían a niveles grotescos aplicando un plan preconcebido para hacerlo, constituyen claramente un delito de traición a la patria.

No sabemos a qué trato de beneficio personal esté llegando Lozoya con la Fiscalía, pero si sus declaraciones y las pruebas que aporte, nos ayudan a castigar a toda la caterva de ladrones que participaron en el quebranto profundo de la riqueza petrolera de México, seguramente valdrá la pena asumir el mal menor que conlleve, si con esto evitamos que algo así pueda repetirse.

Como lo dijo el educador estadounidense Horace Mann, “El único propósito del castigo es la prevención del mal”.

(Sin Línea)