La solicitud de información que recientemente presentó el canciller Marcelo Ebrard a la Embajada de Estados Unidos en México sobre la Operación Fast and Furious (“Rápido y Furioso”) (2009-2011) es un reclamo por demás legítimo: implica conocer cuáles autoridades mexicanas tuvieron conocimiento, participaron, apoyaron o se coordinaron con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), bajo el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EUA), en el “trasiego vigilado” de armas a territorio soberano de México por parte de traficantes de Arizona que cooperaban con la ATF. El objetivo de esta iniciativa era poder detener a sus destinatarios para reducir los índices de criminalidad en nuestro país.
No obstante, esta táctica encubierta de gunwalking (“dejar que las armas caminen”) –sin ser detenidas por la autoridad, aun a sabiendas de su posible uso criminal– empezó mucho antes: en 2004 con el programa Gunrunner (“Corredor de Armas”), del cual se desprendieron operativos subsiguientes, 8 de ellos identificados hasta ahora, en los que las autoridades financiaron y ampliaron el cruce fronterizo ilícito de al menos 2,500 artefactos, sin que a la fecha se conozca el número total de armas que quedaron en los cárteles de la droga en nuestro país. Los funcionarios mexicanos a cargo en ese entonces hasta la fecha han negado haber tenido conocimiento de esas iniciativas –menos aún permitirlas–, pero la evidencia apunta en otra dirección.
IGunrunner: lo que empieza mal, acaba mal.
Dentro de los claroscuros que representa tener una frontera de más de 3 mil km con uno de los países más poderosos del mundo surgen múltiples contrastes. Uno de ellos son las operaciones relacionadas con el tráfico de armas y el flagelo que representan para la paz y el orden.
La ATF, bajo la sombra de los atentados del 11 de septiembre en 2001 durante la Administración del presidente Bush, reconocía que la escalada de violencia en su frontera sur y en México no eran indiferentes a la opinión pública, y requerían operaciones que atendieran los nuevos retos a su seguridad fronteriza.
En este marco, desde 2004, como parte de la Southwest Initiative (“Iniciativa del Suroeste”), la División de ATF en Houston y el DOJ propusieron la iniciativa nacional Gunrunner, que contó con un presupuesto inicial de 55 millones de dólares. De ella se desprenderían una serie de operativos que consistían en introducir armas marcadas, muchas de alto poder de fuego, para encontrar destinatarios en la delincuencia organizada. Se articularía primero en Laredo, Texas; dos años después emplearía a 100 agentes especiales y 25 investigadores.
Mientras esta iniciativa se ponía en marcha en EUA, en México sucedía el cambio de gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, continuando el régimen panista, quien enarboló como bandera electoral una lucha frontal al crimen organizado con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”.
En una política de Estado errónea, la estrategia calderonista desató una escalada de violencia y muerte sin precedentes, puntualmente en el norte de México. El saldo: más de 30 mil homicidios entre 2006 y 2010. Esto, sin duda, catalizó nuevas estrategias, como fue el programa Gunrunner, cuyo objetivo era reducir el tráfico de drogas y armas, con la violencia inherente, generada principalmente por 3 cárteles: Los Zetas y su disputa con el Cártel del Golfo en el noreste del país, y el Cártel de Sinaloa en el occidente. Mediante el “trasiego vigilado” cruzaron rifles de asalto (AK-47, AR-15W), Barrets .50, granadas y pistolas, por un “comprador de paja” de la ATF.
Así, en 2006 se oficializó Gunrunner que, con recursos de la Iniciativa Mérida, para 2009 sumaba ya 148 agentes y 59 investigadores desde California, Nuevo México, Arizona y Texas. Además de investigar a los responsables del tráfico ilícito, su función era coordinarse con las autoridades de justicia de ambos países y entrenar a sus agentes para identificar a traficantes; educar y sensibilizar a vendedores; y rastrear las armas para descubrir tendencias, patrones y redes.
Estas funciones implicaron, según el informe Iniciativa Mérida para México y América Central: financiamiento y políticas, elaborado por el Congreso de EUA en 2009, 4.5 millones de dólares que, sumados a un monto equivalente del Departamento del Tesoro, permitirían que el programa Gunrunner abriera expedientes de 415 casos, con 1,135 acusados y 13,382 armas aseguradas, provenientes en su mayoría de Texas, Arizona y California.
Paralelamente, en 2008, la Iniciativa Mérida dotó a las autoridades mexicanas del sistema de rastreo eTrace –con acceso abierto a los consulados de EUA en México y a la Oficina del entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora– en el que se invirtieron más de 9 millones de dólares y rastrearon 7,500 armas ese año, siendo 90% de origen estadounidense.
Para abril de 2009, según un informe de 2012 del inspector general del Departamento de Justicia (OIG, por sus siglas en inglés, pg. 98) hubo un encuentro en Cuernavaca entre Felipe Calderón acompañado del procurador Medina Mora y la entrante secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, quienes establecieron el equipo conjunto Gunrunner Impact Team. Ya en la Ciudad de México se presentó el informe a los presidentes Obama y Calderón. En esta estrecha colaboración, resulta inverosímil pensar que las autoridades de EUA y las mexicanas del más alto nivel no estuvieran al tanto de este programa.
II Los otros brazos de Gunrunner
En diferentes momentos, y en ocasiones de manera simultánea, el programa Gunrunner dio vida a otros operativos encubiertos, todos dirigidos al “trasiego controlado” de armas a México.
El primer operativo Wide Receiver (“Receptor Abierto”) surgió en 2006 con la nueva Administración de Calderón y operó hasta 2007. Bajo este esquema, previsto para vigilar las compras de armas en EUA y detener a los contrabandistas antes de cruzar la frontera, se permitió el ingreso a nuestro país de 474 armas de fuego “controladas”. Posteriormente, ATF recuperó solo 64. Todo ello fue informado posteriormente en la reunión de Mérida a los presidentes de ambos países.
La operación se asignó a la Oficina de Tucson, Arizona, de la ATF a partir de 2006, y al igual que el último de los operativos –“Rápido y Furioso”– fue supervisado por el agente especial Bill Newell.
Según el informe citado del inspector general (pg. 53 y 93) entre abril y junio de 2007, Newell estableció un arreglo colaborativo con la PGR, la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) sobre trasiegos, al no tener información de su agregaduría en la Ciudad de México.
También tuvo Newell un encuentro con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Hermosillo, Sonora, en septiembre de 2010, para hablar sobre trasiegos en la entidad; hay pruebas documentales de que el Departamento de Seguridad Nacional le hizo consultas al respecto; y que insistió en que la Oficina de ATF en México y la Policía Federal mexicana se quedaran en “la oscuridad” sobre la operación, pero no la PGR.
Una segunda operación, denominada “Hernández”, sucedió en paralelo en 2007, cuando el traficante de armas Fidel Hernández, al cual se permitió el cruce a México, siguió operando impunemente, aun cuando eran conocidos sus movimientos por las autoridades de ambos países. Al cierre del año finalmente se le detuvo por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Según un informe del DOJ de 2011, el entonces fiscal general, Michael Mukasey, informó en Washington al procurador Medina Mora en noviembre sobre las investigaciones conjuntas de las “entregas controladas” de armas, con la participación de unidades de nuestro país.
Un tercer brazo del programa Gunrunner fue la operación “Armas Cruzadas”, que lanzó ICE en junio de 2008 –en vez de ATF– en coordinación con las autoridades mexicanas federales –PGR, entre otras–, la cual involucró el intercambio de inteligencia y esfuerzos conjuntos en la aplicación de la ley. Un año más tarde, con financiamiento nuevamente de la Iniciativa Mérida, se habían arrestado más de 100 contrabandistas, abierto 42 procesos penales y asegurado 400 armas.
Paralelamente, en 2008, surgió un cuarto operativo, “Medrano”, contra la red de “compradores de paja” de Alejandro Medrano, tolerada por ATF, que continuó entregas controladas hasta que finalmente fue detenido por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en diciembre.
Un quinto operativo de ATF en Phoenix fue Granade Walker (“Caminante con Granadas”). En él, el traficante Jean Baptiste Kingery introdujo a México al menos 2 mil granadas en diversos cruces para los cárteles, a veces bajo la vigilancia directa de autoridades estadunidenses. Los fiscales en Arizona se negaron a abrir un proceso al ser Kingery detenido con 114 granadas desarmadas en un neumático, ante la supuesta orden de la Oficina del Fiscal de liberarlo. Un año y medio después de su detención por autoridades mexicanas, encontraron una fábrica donde enseñaba a los cárteles cómo fabricar granadas y convertir fusiles semi-automáticos en automáticos.
Después de 2010, las operaciones Castaway (“Náufrago”) y Too Hot to Handle (“Demasiado peligroso para controlar”) se encuentran entre una docena de casos adicionales operados por ATF bajo la táctica de “dejar caminar las armas” en Florida, Nuevo México, Texas y Arizona. En ellas, los agentes de la ATF vigilaron a varios sospechosos con armas en coordinación con funcionarios mexicanos, que luego no pudieron detener.
Después de todos estos operativos conocidos por todos y en los que no hubo medición de resultados, rastreo por geolocalizador, o pruebas suficientes de que hubiesen sido exitosas, se decidió lanzar un nuevo proyecto, tras la evaluación del programa Gunrunner en 2009, en la Iniciativa Mérida. Se trató de la operación de mayor envergadura a partir de Arizona, con miras a expandirla a toda la frontera para el otoño y en la que EUA proporcionaría equipos de inspección no intrusivos: “Rápido y Furioso”.
III Operación fallida ¿por quién?
La Operación “Rápido y Furioso” (2009-2011) debe su nombre a que varios de los traficantes involucrados eran también miembros de clubes de coches. Su objetivo era reforzar –en impacto y capacidad– el operativo Gunrunner: de vender armas a los grupos criminales más violentos como Los Zetas, y los Cárteles del Golfo y de Sinaloa, con la finalidad de rastrear su destino final. Requirió varios componentes -tanto operativos como administrativos/políticos-, para poder efectuarse, y se lanzó en el otoño de 2009 desde Phoenix, con apoyo de la Oficina de ATF en Tucson, tras denuncias de 7 armerías. Y para fines del año ya se habían realizado 48 operativos que detectaron el cruce de un gran número de “armas controladas”.
Sin embargo, durante su desarrollo, la ATF en Phoenix omitió información a los agregados en México, lo que aparentemente también sucedió en algunos casos con las autoridades centrales en Washington. Los propios rastreos del sistema eTrace que se ingresaban desde la agregaduría de ATF en México eran bloqueados por altos directivos en Washington, D.C. En múltiples ocasiones, los propios agregados veían los ejercicios de capacitación como estériles.
Otro aspecto de “Rápido y Furioso” es que la dinámica encubierta estaba fuera de la supervisión y manejo estándar de las operaciones en campo, ya que al detectarse el tráfico hacia México debía hacerse la interdicción antes de que cruzara la frontera. En muchas ocasiones, la propia CBP o ICE detenían a los traficantes, pero eran liberados para que continuaran con el trasiego mandatado por ATF. Con estos incidentes entre agencias, no era improbable que la Oficina del Procurador General de EUA tuviera conocimiento del tema.
Estaba previsto su cierre en marzo de 2010, dado que varios vendedores de armas que cooperaban con ATF expresaron su preocupación de ser más tarde acusados. No obstante, la operación concluyó hasta después del escándalo público por el homicidio del agente de CBP, Brian Terry, en diciembre en Arizona, con un arma de la operación.
Para finales de 2010, se estimaban más de 1,961 “armas vigiladas” en manos del narcotráfico y solo 710 recuperadas hasta febrero de 2012, con un gasto inicial de al menos 650 mil dólares. Sin embargo, “Rápido y Furioso” continuó y en febrero de 2011 murió un segundo agente de ICE, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, también con armas de la operación. El informe del inspector general de 2012 se refiere a este hecho, y cuestiona que ATF se centre en perseguir a traficantes menores, en vez de los líderes de cárteles.
Posteriormente, mediante una solicitud de información en EUA con base en la Ley de Libertad de Información (FOIA), se dio a conocer que, de diciembre de 2012 a marzo de 2016, 94 armas de fuego “controladas” de “Rápido y Furioso” se recuperaron en México. La mayoría fue asegurada en Sonora, Chihuahua y Sinaloa en 69 homicidios, 20 de ellos muy violentos.
Destacan la masacre de Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez, en enero de 2010, de 15 estudiantes, y el asesinato en noviembre de Mario González Rodríguez, hermano de la procuradora general de Chihuahua; un enfrentamiento entre la Policía Federal y La Familia Michoacana en mayo 2011, con cuatro helicópteros atacados con rifles calibre .50 y más de 70 rifles de asalto asegurados, entre ellos un Barret; un fusil 7.62 incautado en Hostotipaquillo, Jalisco, en 2013, relacionado con el homicidio del jefe de la policía de esa ciudad; y un rifle .50 asegurado en Los Mochis, Sinaloa, donde fue reaprendido Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” en 2016, entre otros.
Además de estas “armas controladas” de la Operación “Rápido y Furioso”, se tiene registro del aseguramiento de 241 armas en México, y otras 350 en EUA. Entre ellas, 37 rifles Barrett .50, AK-47 o cuernos de chivo, rifles de asalto Romarm/Cugir 762, revólveres, pistolas FN-5.7, municiones, cargadores y lanza granadas.
En todo caso, de las más de 2,000 armas que involucró “Rápido y Furioso”, la gran mayoría no fue rastreada y las autoridades mexicanas no fueron completamente informadas según un informe conjunto del Congreso de EUA que concluyó su tercera parte en 2017.
IV “Rápido y furioso” … y más
En Estados Unidos los procesos judiciales son complejos, pues da a todas las partes la oportunidad de responder y comprobar su inocencia. Esto ha significado un largo camino para “Rápido y Furioso”, cuya investigación recibió todavía en 2017 un informe el Congreso, después de abrirse en 2011 a registros telefónicos, implicando a múltiples actores desde etapas y operativos preliminares.
El expediente, de más de 16,000 páginas en las que se encontraron vínculos y errores comunes, se cerró en abril del 2019 –y no en 2017 como se ha difundido–, tras un acuerdo entre ambos poderes. No obstante, el hecho que permanezcan armas en México, muchas aseguradas en delitos, mantiene casos abiertos, donde la información del gobierno de EUA permitirá esclarecer responsabilidades.
Aunque “Rápido y Furioso” fue liderado por ATF bajo el DOJ, los informes muestran que otras instancias encargadas de hacer cumplir la ley también participaron en dicho operativo o en sus antecesores: además de ICE y CPB, intervino el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como su supervisor; la Administración para el Control de Drogas (DEA); la Oficina del Fiscal Federal de Arizona; el Buró Federal de Investigaciones (FBI); y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
En una comunicación interna de ATF de marzo de 2010, se develaron 958 homicidios en México con “armas controladas”, el mes más violento desde 2005, y que los traficantes bajo vigilancia habían comprado en ese mismo mes 359 armas de alto calibre, incluidas “numerosas” Barrett .50. Los objetivos iniciales de la operación autorizada por el DOJ claramente se habían desviado.
Sin embargo, fue hasta fines de 2010 que el escándalo del asesinato de 2 agentes, de CBP y ICE, con armas que ahora regresaban al territorio de origen, puso de manifiesto el controvertido operativo. Con ello, inició un proceso de investigación que enfrentó al Congreso de EUA, bajo el impulso republicano, con el Ejecutivo de ese país, principalmente en contra del fiscal general de la Administración Obama, Eric Holder.
Pero en realidad fueron las organizaciones de la sociedad civil, los defensores del derecho a portar armas y algunos de los vendedores de armas con licencias -que comenzaron a cooperar con ATF, al ver clientes recurrentes con perfil dudoso–, quienes se posicionaron y apoyaron la denuncia de los agentes de la ATF en 2011. Primero de manera velada y luego públicamente, se acercaron al senador Charles Grassley (R-Iowa), quien comenzó a investigar los incidentes en enero de 2011. Tres meses después, el agente de ATF en Phoenix, John Dodson, fue el primero en declarar públicamente que ATF intencionalmente había dejado “caminar” las armas a México.
Tras la entrevista realizada por CBS News e investigaciones adicionales, el entonces director de ATF, Keneth E. Melson, declaró que “solicitaría un panel multidisciplinario para revisar las estrategias actuales de tráfico de armas y así maximizar la eficacia en las investigaciones para detener el flujo ilícito de armas a México”, pero no cuestionó la información. Funcionarios del DOJ sostuvieron que el plan se orquestó a nivel ATF Phoenix.
Asimismo, el jefe de la división criminal de dicho Departamento, Lanny Breuer, fue el funcionario de más alto rango en admitir su conocimiento de la táctica de ATF de “dejar caminar armas” y lamentó no haber alertado sobre las similitudes entre Wide Receiver que comenzó en 2006 y “Rápido y Furioso”, en 2009. Breuer entregó 486 páginas al titular del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EUA, Darrell Issa, representante republicano por California, quien retomó el caso junto con el senador Grassley.
Para julio de 2011, el DOJ publicó su respuesta a ambos congresistas republicanos. El informe concluyó que ATF permitió que estas armas “caminaran” a México, así como el bloqueo de información en múltiples ocasiones en el sistema eTrace.
En enero de 2012, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reconoció que se cometieron “serios errores” en “Rápido y Furioso” y se comprometió a evitar que sucediera nuevamente, aunque no solicitó una acción penal.
Ciertamente, fue la acción del Congreso de Estados Unidos, con el apoyo republicano de ambas cámaras, la que mantuvo el caso abierto. En mayo de 2012, el fiscal general Holder compareció ante el Comité Judicial y entregó 7,600 páginas sobre el polémico operativo, además de acudir a 9 audiencias. Con ello, el Comité de Supervisión inició el procedimiento en su contra: por el supuesto rechazo a cooperar en la investigación –en la cual debía haber proporcionado toda la información que involucrara a su oficina y a los subprocuradores relacionados–, al entregar documentos con textos ocultos en negro, y omitir documentos que se litigan en tribunales.
Para junio se acusó al DOJ de mentir sobre “Rápido y Furioso”. Sin embargo, el presidente Obama por primera vez utilizó el privilegio ejecutivo para impedir que se entregaran documentos a la Cámara de Representantes, entonces controlada por republicanos.
El informe de noviembre de 2012, que solicitó el fiscal general Holder a la Oficina del Inspector General, concluyó que las operaciones “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” tuvieron una serie de estrategias y tácticas equívocas, así como errores de juicio y fallas administrativas –más no penales- en las oficinas centrales de la ATF, la División de la ATF en Phoenix y la Oficina del Fiscal General para Arizona. Durante esta investigación, la OIG recibió 100 mil páginas de documentos del DOJ, ATF, ICE, DEA, FBI y DHS.
El informe reconoció también que la práctica de “dejar caminar las armas” en ambas operaciones era contraria a los principios de ATF; sus agentes usaron de manera inapropiada la cooperación de individuos con licencias federales de armas (FFL) como informantes confidenciales, y las oficinas centrales de ATF no supervisaron las operaciones, ni las clasificaron como confidencial; y, en particular, que ambas se instrumentaron sin considerar el riesgo para la seguridad pública en EUA y México.
Por tanto, la OIG señaló a los principales responsables del Gobierno estadounidense en ambas operaciones: la División de la ATF en Phoenix, con 6 implicados, incluido el agente especial a cargo de ambos operativos, William Newell; la Oficina del Fiscal General en Tucson, Arizona; así como las oficinas centrales de la ATF. Todo ello llevó a que, finalmente, en septiembre de 2014, el fiscal general Holder anunciara su dimisión, convirtiéndose en el primer miembro de un gabinete que caía en esa falta, si bien el presidente Obama siempre lo respaldó bajo su propio interés.
Otro rumbo ha tomado la rendición de cuentas en México, que requiere partir de las primeras operaciones. Con base en diversos informes sobre “Rápido y Furioso” publicados por el DOJ y el Congreso de Estados Unidos, se puede afirmar que funcionarios del Gobierno de México sí participaron o estuvieron informados al menos en 4 operativos: Gunrunner, “Receptor Abierto”, “Hernández” y “Rápido y Furioso”, instrumentados por ATF desde Arizona.
Durante la Operación “Receptor Abierto”, se tiene registro de que en la reunión del expresidente Calderón con el expresidente Bush en Mérida, Yucatán, en marzo de 2007, se informó sobre dicha operación (pg. 98). Ese mismo año, las oficinas de ATF en Phoenix y Tucson optaron por contactar directamente a la PGR y la SIEDO para solicitar información, sin obtener respuesta.
Para noviembre de 2007, el procurador Medina Mora fue informado por el fiscal general de EUA, Mukasey, sobre la operación “Hernández”. El procurador designó, en representación de su oficina, a un exfuncionario del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), Carlos Fernando Luque Ordoñez, como agregado en Arizona. La propuesta estadounidense sugería que hubiera un agregado de México en cada división fronteriza.
Dado que para noviembre de 2009 cuando inició “Rápido y Furioso” –con el nuevo procurador, Arturo Chávez Chávez– Medina Mora era embajador de México –primero en Reino Unido y luego en Estados Unidos-, declaró en diversas ocasiones no haber conocido dicho operativo. Sin embargo, sí conoció en noviembre de 2007 la Operación “Receptor Abierto” –en la que estuvo involucrado en 2006 el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, bajo la administración Fox–, así como del financiamiento otorgado a Gunrunner por la Iniciativa Mérida.
En medio de esta creciente cooperación y sintonía de agendas, en abril de 2009 se reunieron en Cuernavaca, Morelos, el expresidente Calderón y su equipo de seguridad junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, para ser notificados sobre los operativos, ocasión en la que incluso establecieron un equipo para evaluar la Operación Gunrunner (pg. 98 del informe). El día 16, durante la visita de Obama a nuestro país, junto con Calderón se realizó una Conferencia de Prensa en la Ciudad de México en la que ambos mandatarios se comprometieron a intensificar la lucha contra el tráfico ilegal de armas.
Más sorprendente todavía es que, aun conociéndose el asesinato de un primer agente estadounidense en EUA en diciembre de 2010, el 4 de febrero de 2011 al reunirse el fiscal general adjunto, Lanny Breuer, con autoridades mexicanas, nuevamente les sugirió autorizar la compra e introducción de armas “vigiladas” hacia México, para que la Secretaría de Seguridad Pública pudiera arrestar y la PGR judicializar los casos.
Para julio de 2011, en pleno escándalo sobre el operativo en EUA, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional de México, Alejandro Poiré, aseguró que Estados Unidos había presentado “Rápido y Furioso” como una tarea de combate al narcotráfico. Y en noviembre de 2011, la entonces titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, afirmó que “Rápido y Furioso” se investigaría hasta las últimas consecuencias, y se aplicaría todo el peso de la ley contra las personas que permitieron la operación.
La nota del Gobierno mexicano aspira a tener certeza de quiénes participaron con las autoridades de Estados Unidos en el diseño e instrumentación de todos los operativos, con el objeto de aportar la información necesaria para que la FGR pueda concluir su investigación y dilucidar si se mintió al pueblo de México por sus más altas autoridades, y así proceder en consecuencia. “Rápido y Furioso” no fue el único operativo de “trasiego vigilado” de armas desde EUA que aumentó la capacidad de fuego de los cárteles y la violencia en el país, generando miles de muertes. La respuesta a la nota y el esclarecimiento de lo sucedido permitirá avanzar a una nueva estrategia para controlar el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, basado en la corresponsabilidad de ese país en su propio territorio.
*Jefe de la Oficina del Canciller de México Marcelo Ebrard.
Fuentes:
2009- agosto. Informe Iniciativa Mérida para México y América Central: financiamiento y políticas, elaborado por el Congreso de EUA, Clare Ribando, especialista en asuntos latinoamericanos del Servicio de Investigación del Congreso.
2011-febrero/noviembre 2012. Informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) sobre la operación rápido y furioso (2009-2011). 500 pp.
2011-julio. Primer informe publico sobre la operación “Rápido y Furioso” del DOJ incendiando la violencia de los carteles, en respuesta a los congresistas, Rep. Darrell Issa, de la Cámara de representantes y el Senador Charles Grassley. (65 pp.)
2012- julio 31- junio 2017. Informe de tres partes (578 pp.) de los congresistas republicanos, Rep. Darrell E. Issa y Jason Chaffetz de la Cámara de representantes y el Senador Charles Grassley, Rápido y Furioso: la anatomía de una operación fallida. Parte I,parte II y parte III. Expediente de más de 26 mil pp.
Información adicional del FBI, del Senado de EUA y del fiscal general sobre Gunrunner
(Proceso)