Mediante complejos esquemas financieros y el maquillaje de resultados contables en la constructora OHL, de la que era consejero, Emilio Lozoya Austin participó en esquemas de triangulación de recursos, parte de los cuales sirvieron para financiar las campañas políticas de Enrique Peña Nieto y su grupo político, afirma el abogado Paulo Díez Gargari.
En entrevista con Proceso sostiene que estas operaciones se llevaron a cabo entre 2010 y 2012, antes de que entrara al gobierno de Peña Nieto como director general de Pemex y de distanciarse de su amigo Luis Videgaray Caso.
Y esas operaciones se articularon en colaboración con Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza, el inamovible secretario de Comunicaciones y Transportes del exmandatario.
Los esquemas se basaron en las concesiones carreteras que OHL detenta en el Estado de México, principalmente el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, dos casos que Díez Gargari conoce a la perfección: a lo largo de la administración pasada acumuló una enorme cantidad de documentos sobre dichos proyectos y ha litigado intensamente contra OHL. Por ello, sufrió diversas represalias y amenazas desde el poder priista.
“El sistema tiene que ver con las elecciones y los incrementos de plazo de las concesiones y de las tarifas de las concesiones de carreteras. Cada vez que les incrementaban plazos y tarifas en alguna concesión, muy poco tiempo después iban a emitir nuevos bonos en la bolsa y tener liquidez. Es un tema gravísimo, porque si bien en sí la corrupción es grave, en este tipo de proyectos de infraestructura el efecto es mucho más perverso y a largo plazo”, dice.
Así, en marzo de 2011, en plena campaña para la gubernatura del Estado de México –en la que Eruviel Ávila Villegas era candidato, y cuyo director de campaña era Videgaray–, Ruiz Esparza autorizó cuatro incrementos sucesivos de 25% a las cuotas de peaje del Viaducto Bicentenario, que OHL cobraría a partir de enero de 2013.
Ese año Gabino Fraga Peña, uno de los operadores de OHL en el Estado de México –implicado en el fraude de Monex durante la campaña presidencial de Peña Nieto–, realizó operaciones de liberación de derecho de vía para el Circuito Exterior Mexiquense, una de las actividades que “más se prestan a la corrupción y al lavado de dinero”, según el abogado.
“2011 es el año en que más dinero del Circuito se gastó –no se sabe por qué– para la supuesta liberación del derecho de vía”, subraya. Y añade: “Luego viene el 2012; en diciembre de 2012 le amplían el plazo de la concesión al Circuito Exterior Mexiquense, y le autorizan incrementos de peaje bestiales. ¡Todo está ligado al calendario electoral!”.
Lozoya fue detenido en Málaga el pasado miércoles 12. Entre los cargos que enfrenta en México destacan los presuntos sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht, parte de ellos durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
En España su nombre apareció varias veces en el Caso Lezo; una de las ramas de esta compleja investigación señala que OHL pagó presuntos sobornos a funcionarios con recursos provenientes de filiales en México y que pudieron ser triangulados en sociedades offshore vinculadas con Lozoya.
Esquemas fraudulentos
“No se debe perder de vista que si bien quien tenía el interés final era Peña Nieto, el operador central era Luis Videgaray”, dice y precisa: “Si me preguntas quién en el Estado de México podía entender los esquemas financieros de OHL, pues solo Videgaray. Ni siquiera Ruiz Esparza”.
El 22 de octubre de 2010, con apenas 35 años, Lozoya ingresó al Consejo de Administración de OHL México junto con otros tres mexicanos sexagenarios de amplia trayectoria: los tecnócratas Carlos Ruiz Sacristán y Jesús Reyes-Heroles González Garza –exdirectores de Pemex, entre otros– y el banquero Valentín Díez Morodo.
Menos de un mes después, el 11 de noviembre de 2010, la filial mexicana del grupo español entró en la Bolsa Mexicana de Valores y ahí empezaron los grandes negocios.
“El gran negocio, el gran robo de OHL, no está en lo que se roban en la construcción, no en el sobrecosto, sino en todo el esquema financiero que se construye detrás de esto, con el que se financia y se refinancia”, afirma Díez Gargari.
A partir de su entrada en la bolsa, OHL implementó un esquema financiero con el que maquilló sus registros contables e infló el valor de sus activos para captar mayor liquidez en los mercados, estrategia por la cual el grupo fue sancionado en 2016 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con una multa de 71.7 millones de pesos; la dependencia también le ordenó que cambiara la manera de llevar sus registros.
Dicho esquema consistió en lo siguiente: en lugar de registrar sus concesiones de carreteras como “activos intangibles”, OHL los reportó como “activos financieros”. Con ello, la empresa inflaba el valor de sus activos con una “rentabilidad garantizada”, es decir, un monto que la propia compañía determinaba a criterio propio, bajo la justificación de que eran posibles ingresos a futuro.
(Proceso)