El Tren Maya se encarrila. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) difundió la tarde-noche del viernes las primeras dos prebases de convocatoria para elaborar el proyecto ejecutivo, suministrar materiales y construir plataformas y vías de los tramos Escárcega- Calkiní (254 km) y Palenque-Escárcega (226 km), que tendrán un costo cercano a los 20,000 millones de pesos cada uno.
Los concursos, se menciona en la información publicada en el sistema CompraNet, son de carácter nacional bajo la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, aunque se prevé que finalmente las licitaciones serán internacionales y la Secretaría de la Función Pública (SFP) les dará un seguimiento puntual, al igual que el resto de los tramos, por lo que tendrá facultades para suspenderlos o cancelarlos, al igual que lo podrá hacer el convocante.
De acuerdo con el Fonatur, las obras deben iniciar el próximo 30 de abril y terminar 28 meses después, toda vez que la inauguración del Tren Maya se ha estimado ocurrirá durante el segundo semestre del 2023.
A partir del viernes, las empresas interesadas en los concursos tienen un plazo de 10 días hábiles para hacer comentarios y opiniones a las prebases. El Fonatur considerará los ajustes pertinentes y después publicará las bases definitivas de los concursos.
“Ya iniciamos un proceso fundamental para el tren. Debido a que existe interés de empresas de Francia, España, Brasil y Australia, entre otras, por participar en la obra queremos abrirlo, porque no necesariamente tienen filiales en México para hacerlo. Yo quiero que sean licitaciones internacionales cumpliendo siempre con todos los requisitos establecidos por la ley y ya empezamos a hacer los estudios de mercado requeridos para hacer la modificación”, comentó el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons.
En la información difundida, se deja en claro que la entidad convocante podrá hacer modificaciones, incluso, “a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y se difundirán en CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se efectúen”.
En entrevista, el funcionario dejó en claro que hay un interés del gobierno federal por apoyar el desarrollo regional con la participación de empresas locales y regionales que cuenten con la experiencia debidamente acreditada.
El papel de la Función Pública
Además del acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en todas las etapas al principal proyecto de infraestructura ferroviaria y desarrollo regional del actual gobierno, el tren estará bajo la mira de la SFP para garantizar que sea un proceso “totalmente transparente”, recordó el titular del Fonatur
En el apartado de causas de suspensión o cancelación, se refiere a los interesados que las licitaciones podrán ser detenidas por parte de dicha secretaría por razones debidamente fundadas y motivadas. Y se agrega:
“Asimismo, se podrá cancelar cuando la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, verifique, en cualquier tiempo, que este procedimiento no se realice conforme a lo establecido en la ley o en otras disposiciones aplicables. Si la secretaría determina la nulidad total del procedimiento de contratación por causas imputables a la entidad contratante, ésta rembolsará a los licitantes los gastos no recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables y estén debidamente comprobados”.
Iniciativa del PAN
Piden informe sobre la consulta a pueblos indígenas
La senadora de Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para solicitar a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Fonatur un informe sobre el proceso de consulta realizado a pueblos y comunidades indígenas, respecto del Tren Maya.
La senadora acusó que el proceso de consulta que se realizó del 15 de noviembre al 15 de diciembre del 2019, a través de asambleas regionales informativas y consultivas, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, presentó “vicios de fondo”.
La información que se remita debe contener puntos como las actas y minutas de las asambleas informativas y consultivas regionales; una descripción clara y precisa sobre las fases del proceso; así como el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de consulta que se usaron.
(El Economista)