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28 February 2020

El proceso de construcción del Tren Maya permanecerá detenido, pero sólo en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche.

El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito en la entidad determinó que el Gobierno federal deberá detener las obras necesarias para la construcción del proyecto en la localidad. La decisión redujo las medidas otorgadas por el Juez Primero de Distrito de Campeche el 14 de enero.

En aquella fecha las comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Maya Peninsular y Ch’ol, de la comunidad de Xpujil en Calakmul, recibieron el fallo de la autoridad judicial en el estado sureño de la República Mexicana. La suspensión consistió en la petición al Gobierno federal de abstenerse de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto.

 Con dos votos contra uno, el Tribunal colegiado resolvió una queja que interpuso el Gobierno de México ante la suspensión generalizada y la limitó a “lo que atañe a la comunidad indígena que acude a esta instancia constitucional”. Además determinó que se prohíbe la construcción de nuevas obras, pero no impidió la rehabilitación o mantenimiento de vías existentes.

El nuevo fallo determinó que tampoco quedarán prohibidas las licitaciones, la obtención de permisos ambientales o trámites necesarios para el desarrollo del proyecto interestatal.

Será el 3 de marzo cuando un órgano Judicial determine conceder o no una suspensión definitiva a partir de información otorgada por el Gobierno federal. Sin embargo la sentencia del Tribunal Colegiado local no obliga una sentencia similar.

AMPARO DE COMUNIDADES

El amparo fue interpuesto el 6 de enero por las comunidades indígenas debido a que consideraron que la consulta para la edificación de la vía férrea se simuló, puesto que estas se llevaron a cabo en asambleas informativas y consultivas en las que participaron representantes de las comunidades indígenas y buscaban, según el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), obtener la aprobación.

 “La simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas” y la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”, afirmaron las comunidades.

(Sin Embargo)

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