Por su presunta implicación en las operaciones para lavar aquí -mediante el despojo de tierras ejidales de Lerma- el dinero que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa saqueó de las arcas veracruzanas, los notarios públicos Nelia del Pilar y Jorge Luis Pérez Curmina podrían perder sus fiats.

Pedro Celestino May Can, exlíder de la desaparecida agrupación Tierra y Libertad que se conformó para defender las tierras ejidales de Lerma, adelantó lo anterior, luego de reunirse con el equipo del “órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, con sede en Querétaro, que se encargó de la investigación del caso.

Los documentos acopiados en la batalla legal que May Can emprendió hace nueve años contra la familia Mouriño y sus presuntos prestanombres por el despojo de tierras de Lerma para la construcción de su exclusivo Country Club, resultó, sin proponérselo, un hilo conductor para las autoridades en el caso Duarte de Ochoa.

“Los dos notarios se prestaron a las irregularidades en el despojo de tierras”, señaló el ejidatario, y explicó que la semana pasada la SHCP cerró su carpeta de investigación y, al vencer el plazo de un año que se les dio, ninguno de los fedatarios respondió a lo que les solicitaron los investigadores como parte de sus pesquisas.

Debido a lo anterior, añadió, ambos se hicieron merecedores a sanciones que pueden conllevar hasta a la pérdida de sus respectivos fiats.

May Can recordó que Jorge Luis Pérez Curmina certificó las actas de asambleas ejidales en las que se falsificaron hasta las firmas de ejidatarios muertos para darles el reconocimiento como avecindados y posteriormente como ejidatarios a los prestanombres de Javier Duarte a fin de poder otorgarles el dominio pleno de las tierras ejidales.

“El licenciado Jorge Luis Pérez Curmina validó la asamblea del 27 de diciembre del 2011, cuando le dan el poder y el dominio pleno a todos los prestanombres de Javier Duarte, y él certifica que los nuevos avecindados estuvieron presentes en la asamblea”, dijo.

“Sin embargo, a través de la investigación del área especializada de Hacienda, se determinó que estas personas nunca estuvieron en Campeche ni estuvieron presentes en la asamblea”, añadió, y consideró deleznable que un notario público se preste a legitimar actos de corrupción como estos.

El exlíder de la desaparecida agrupación Tierra y Libertad mencionó que, en el interrogatorio de Hacienda, el notario reconoció que sí certificó la asamblea, pero sostuvo que no sabe quiénes estuvieron ahí y que ignora si en realidad estuvieron presentes José Manzur Cisneyros y los otros prestanombres de Duarte. Tampoco se percató de que se falsificaron firmas de ejidatarios muertos.

Asimismo, comentó que, por otra parte, los investigadores de Hacienda encontraron que varios ejidatarios que cedieron sus derechos ejidales a los prestanombres del exgobernador veracruzano recibieron sus pagos, cuyos montos oscilaron entre los 300 mil a los 500 mil pesos, en la notaría de Nelia Pérez Curmina.

El denunciante explicó que en esa oficina, al parecer, se pagó a los ejidatarios aproximadamente 20 millones de pesos por 21 parcelas que suman una superficie total de 630 hectáreas, que posteriormente los prestanombres de Duarte habrían vendido en 236 millones de pesos a una de las empresas fantasma que se crearon para lavar el dinero.

Esa superficie, dijo, es la que tiene asegurada la Procuraduría General de la República (PGR), aunque destacó que probablemente la red de Javier Duarte se quedó con nueve mil 400 hectáreas de terrenos de Lerma.

“Había otra venta ya lista, por 800 millones de pesos, pero parece que por la intervención de Hacienda se frenó”, señaló.

Según May Can, dicha secretaría emplazó a la notaría a proporcionar la lista de las personas que recibieron pagos, para verificar si cubrieron el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Le dieron un plazo de un año, que empezó a correr en noviembre de 2016 y vencía el 16 de octubre.

No obstante, hasta el día 15, no había respondido.

De acuerdo con el denunciante, a los ejidatarios implicados también se les fijó un plazo para informar a Hacienda si recibieron dinero, cuánto, cómo y de quiénes y si pagaron el ISR por la operación. El plazo para ellos también venció.

“Ya toca a Hacienda imponer las sanciones que cada quien merezca”, añadió.

May Can informó que para los investigadores de Hacienda sí se logró configurar el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero ya corresponde a la PGR hacer su parte para que el exgobernador de Veracruz sea sentenciado.