Organizaciones de la Península de Yucatán hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para desechar la iniciativa conocida como “Ley Mata-Flores”, presentada por el diputado panista Mario Mata y respaldada por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el morenista Feliciano Flores.
Dicha iniciativa, cuya votación está programada para el 2 de diciembre, propone limitar el contenido de la Ley General de Aguas y dejar vigente la Ley de Aguas Nacionales, la cual no contiene siquiera en sus conceptos la definición de cenotes, sistema kárstico y otras particularidades del acuífero de la Península.
Organizaciones como Centinelas del Agua, Grupo Ecologista del Mayab o Pronatura Península de Yucatán afirman que la propuesta “Mata-Flores” no cumple con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua y violenta derechos humanos relacionados con el manejo sustentable de dicho recurso.
Los ambientalistas solicitaron en el documento a los diputados honrar los acuerdos a los que se llegó con los colectivos ciudadanos tras los 35 foros realizados desde 2019.
“Para poder cumplir el mandato constitucional del Artículo 4 de garantizar el derecho humano al agua, se requiere contar con una Ley General de Aguas, que además de aterrizar el sistema de competencias para hacer realidad este derecho más los estándares a los que ha de sujetarse su cumplimiento, incluya la regulación que aborde la gestión, administración, mecanismos de protección, inspección y vigilancia del recurso hídrico”, apuntan.
Para los activistas de la región, constreñir la legislación a solo la regulación de servicios de agua potable y saneamiento como pretende la “Ley Mata-Flores”, únicamente incrementará los problemas actuales.
La problemática del agua, añaden, se debe a un modelo de gestión que ha demostrado ser insostenible, que violenta derechos humanos al propiciar conflictos socioambientales y agresiones contra personas defensoras del medio ambiente y que ha dado lugar a la sobreexplotación, contaminación y acaparamiento del agua, toda vez que en el texto vigente de la Ley de Aguas Nacionales no existe una visión de derechos humanos y su estructura obedece a un modelo de gestión meramente administrativo.
Las organizaciones sostienen que para alcanzarse los objetivos para garantizar el derecho humano al agua en México y la región deben tomarse en cuenta las condiciones particulares de todos los diversos ecosistemas y realidades del país, como es el caso de los sistemas kársticos y aguas subterráneas en la Península de Yucatán.