En lo que va del año, el gobierno del estado ha abierto 46 expedientes de periodistas que solicitan protección ante amenazas a su integridad derivado de su labor periodística, ocho más que el año pasado, cuando se registraron 38.

Elías Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad de la Secretaría de Gobierno, reconoció que pese a que hay una preocupación ante esta situación, desde 2016 no se ha hecho un informe pormenorizado. El primero estará listo hasta diciembre, pero del próximo año.

“Ya hay un diagnóstico que se constituyó en otros estados y quiero hacer el propio, aquí en Quintana Roo. Tenemos algunos esbozos, pero no tenemos algo que podamos decir, porque nos gustaría que fuera algo documentado y soportado”, señaló.

Sin embargo, el funcionario adelantó que una gran parte de quienes se han acogido al mecanismo de protección, son 39 expedientes para periodistas –la mayoría cubre la nota roja– y siete para defensores de derechos humanos.

“Ahí es una cantidad fuerte. Es por el tipo de nota que generan, de lo que dan a conocer”, añadió.

También indicó que los municipios con más casos registrados son Benito Juárez, Solidaridad y, en menor medida, Tulum y Othón P. Blanco.

“Teníamos la idea de que no creciera y, para ello, hay que hacer mucho trabajo con los municipios, con el gobierno del estado. Sin duda, tenemos que trabajar mucho con las autoridades para que se entienda la importante labor que hacen”.

Prado Laguardia explicó que, con los resultados de este análisis, se podrá conocer “el terreno que se pisa” y poder establecer las políticas públicas para prevenir que continúen los ataques a periodistas y activistas de derechos humanos.

El funcionario detalló que existe un proceso para dictaminar quiénes merecen protección, que empieza con las unidades de análisis de riesgo que revisan la información sobre el tema, para que después una junta de gobierno, en donde están cinco dependencias de seguridad federales -Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Paz Social, etcétera-, junto con representantes de organizaciones civiles y expertos en el tema, se reúnen en una mesa y determinan qué plan le van a proporcionar.

Por su parte, en el ámbito federal, los números de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), desde su creación en 2010, colocan a Quintana Roo entre las cinco entidades con más indagatorias por delitos contra periodistas, con un total de 82.

Sin embargo, el estado está en sexto lugar en cuanto a averiguaciones previas, con 41, bajo el sistema tradicional, y tercero en todo el país, con el mismo número de carpetas de investigación, en el sistema adversarial.

En ese mismo periodo, se han obtenido un total de 20 sentencias por diversos delitos contra los responsables de ataques contra periodistas, de los cuales, cuatro corresponden a casos suscitados en Quintana Roo.

El primero fue en 2017 por el delito de tortura con una pena de seis años de prisión contra el responsable.

En 2019 fueron dos casos: por Amenazas y Contra la administración de justicia. Las sentencias establecer en uno, ocho meses de prisión y en el otro tres años.

La sentencia más reciente se obtuvo en este año, por el delito de tortura y por el cual se estableció una condena de 5 años 3 meses de prisión.