CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regresó al grupo empresarial Península Maya Developments S.A de C.V. terrenos de playa que fueron delimitados erróneamente como parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre y que fueron puestos al servicio de la Conanp para conservación.
El acuerdo firmado por el titular de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur, y publicado en el Diario Oficial de la Federación, deja insubsistente el acuerdo publicado el 2 de mayo de 2016, en donde se puso a disposición de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 586 hectáreas que presuntamente formaban parte del patrimonio de la nación.
Sin embargo, luego de tal decreto, los cuatro empresarios dueños de Península Maya Developments, Bernardo Guerra Treviño, Gilberto Pérez García, Mauricio Morales Sada, Humberto Garza Valdez y María Magdalena Meyer Guzmán, demandaron que hubo un traslape en la delimitación de la zona federal con terrenos de su propiedad, lo que inició con un juicio que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En su demanda, los quejosos alegaron que dicha delimitación fue realizada en 2013, después de que fueron adquiridos los terrenos.
En julio pasado, la Sala Superior dictó sentencia respecto al caso, donde apuntó que dicha delimitación realizada por la Semarnat invadió propiedad privada, toda vez que se consideró la cualidad de 20 metros después de la línea de costa, sin que se haya tomado en cuenta si esto se traslapaba con terrenos ajenos a los bienes nacionales.
El decreto publicado establece que el resto de las parcelas que no fueron reclamadas continuarán al servicio de la Conanp para fines de conservación, mientras que las privadas regresarán a la posesión de los empresarios.
Las 61 parcelas involucradas se localizan en el ejido Holbox, en la zona de Isla Grande, municipio de Lázaro Cárdenas, dentro del área natural protegida Yum Balam.
Península Maya Development S.A. de C.V y sus propietarios han sido señalados por ejidatarios de Holbox de haber adquirido tierras ejidales de forma fraudulenta y a un precio del cinco por ciento de su valor.
(Alejandro Castro)