Los derechos de propiedad se deterioran cada vez más en Bolivia. El régimen de Luis Arce consumó la expropiación del sistema de capitalización individual en el país. El Estado, a través de la “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo” asumió el control total y definitivo sobre todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas. Todas las AFP cerraron sus puertas y dejaron de operar inmediatamente a partir del viernes pasado.

El Gobierno consiguió una nueva “caja” para disponer de recursos frescos con los cuales solventar el déficit fiscal, sin la necesidad de emitir dinero o colocar nuevos títulos soberanos. Esto se debe a que las cotizaciones a la seguridad social ya no se destinan al ahorro personal de los afiliados sino a mantener las jubilaciones y pensiones actuales. En consecuencia, esto deja un remanente de recursos para el Estado.

La propaganda oficial del régimen patrocina que la decisión se tomó para “proteger las jubilaciones de los bolivianos a largo plazo”, y que los montos percibidos por los ahorristas se verán revitalizados a partir de que estos ya no tendrán que pagar las comisiones que establecían las AFP. Pero nada de esto se condice con la realidad.

El Gobierno adoptó la decisión de expropiar a raíz de la crisis del peso y la corrida cambiaria desatada en todo el país. Con un déficit fiscal primario que aún representa el 5,6% del PBI (y más de 7% con intereses de deuda) el Gobierno hacía uso de la emisión monetaria y el endeudamiento para financiarlo.

Al mismo tiempo el Banco Central sostuvo un régimen de tipo de cambio fijo financiado con reservas internacionales, para así disciplinar las expectativas de inflación y favorecer la demanda de pesos, neutralizando una parte sustancial del efecto de la emisión sin respaldo.

Pero cuando las reservas se vieron a punto de colapsar (y de hecho el Banco Central ya  dejó de informar estadísticas al respecto) la paridad cambiaria se vio amenazada y con ello la posibilidad de seguir financiado una parte sustancial del déficit con emisión. Se optó por estatizar el sistema previsional y disponer de una gran cantidad de fondos genuinos para continuar el despilfarro fiscal.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que las AFP solamente cobraban hasta un 1,31% en materia de comisiones, por lo que la revalorización anunciada por las autoridades no es significativa. En cambio, lo que sí resulta significativo es que los afiliados perdieron sus ahorros y se verán obligados a aceptar las parametrizaciones que disponga el régimen de reparto estatal independientemente de cuánto fuera el aporte.

La decisión del Gobierno socialista provocó un profundo rechazo en miles de personas que se sienten estafadas y que, de un día para otro, ven completamente mermado su esfuerzo después de años de aportes para su retiro.

La economía boliviana deberá enfrentarse, además, a una fuerte retracción del crédito doméstico en moneda local. Así como en Chile u otros países, las AFP jugaban un rol importante como eslabón entre ahorro y crédito en pesos, permitiendo desarrollar un incipiente mercado de capitales desde mediados de la década de 1990. Sin este sistema se pierde el canal de crédito más importante de la historia del país.