22/septiembre/2012

El secretario técnico del nuevo Sistema de Justicia Penal, Felipe Borrego Estrada, dijo que la resistencia "natural a un cambio" es el principal freno a la aplicación de este esquema de procuración de justicia en el país.

Al ponerse en operación la segunda fase de dicho sistema en Yucatán, reconoció que existe una "resistencia natural a un cambio, el problema principal de esto es que es un cambio cultural y los cambios culturales no son fáciles de asimilar ni por la sociedad ni por los operadores”.

El titular del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México expuso que "la resistencia no ha sido solo por parte de los abogados litigantes, sino por la misma sociedad en un principio, los ministerios públicos y los jueces".

"En un principio, el cambiar, a todos se nos dificulta pero nos permite quitar la impunidad al tener un juicio público, abierto, con presencia de los familiares y la prensa, lo que también nos garantiza transparencia", puntualizó.

Los casos "ya no van estar escondidos en un expediente y que se pierda una hoja. No se puede perder nada porque todos somos testigos y ese es en sí, un gran paso a este nuevo sistema de justicia, en el que la capacitación y la actualización continua de la normas, son acciones fundamentales".

Ante funcionarios de los tres poderes en el estado, indicó que unos de los primeros problemas de la reforma es que "todos queríamos chilenizarlo y todo chihuahuizarlo. Queríamos que fuera como Chile o Chihuahua la justicia penal y teníamos que mexicanizarlo, ese fue el primer trabajo cultural importante por hacer".

"Y se confundían también problemas, como el que se creía que la reforma constitucional de 2008, donde se transformaron 10 artículos de la Constitución, que no es poco, se creía que el trabajo a realizar era cambiar el procedimiento penal y ese fue el gran error que se tuvo al principio en el país antes de la reforma constitucional", abundó.

Pero nuestro objetivo final, añadió Borrego Estrada, es transformar las instituciones, transformar la cultura de los operadores y cambiar la cultura de la sociedad, teniendo una justicia para la sociedad misma más humanizada.

Señaló que el momento histórico que vive el país y el estado de cambio de titulares en el poder Ejecutivo, debe ser aprovechado para apoyar a las instituciones impartidoras de justicia y que se consoliden.

"Es el gran momento de consolidar los liderazgos en pos de un objetivo común, el objetivo de hacer una mejor justicia", al tiempo que expuso que en este contexto el caso yucateco puede servir de modelo y referente nacional de aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

A su vez, recordó que este órgano autónomo de la Secretaría de Gobernación ha canalizado a Yucatán, en más de tres años, recursos por casi 70 millones de pesos para la reforma de justicia penal.

El funcionario federal recordó que la reforma constitucional fija un periodo de ocho años para su aplicación, por ello es difícil realizar una evaluación general de su avance y aplicación.

"Entonces nos falta casi cuatro años para consolidar todo lo que se ha hecho y reiniciar donde todavía está por hacerse. Va a un ritmo que de acuerdo con los tiempos, se puede llegar a los ocho años, conforme lo manda la constitución", destacó.

Indicó que a nivel nacional existen tres estados donde ya se aplica en todo su territorio el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; en 11 se aplica de manera parcial, pero para 2013 se estima que 26 estados ya aplicarán la reforma.