12/octubre/2012

El síndico Pedro Canté Yamá denunció públicamente lo que a su juicio es un fraude y un robo cometido por el alcalde de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, en cinco poblaciones indígenas de esta demarcación.

Ante la amenaza de la presidencia municipal de demandarlo penalmente a través del Departamento Jurídico del municipio por presunta difamación, el síndico aseguró que nada tiene que temer.

"El presidente municipal, Sebastián Uc Yam, y su gente han informado que se ha cumplido con las 100 acciones del programa de letrinas que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) proyectó para las poblaciones de Trapich, Cancepchén, Tabi, Dzulá y Presidente Juárez, hoy terminé el recorrido por cada una de las comunidades y tengo las pruebas para decir que no se ha hecho ningún solo baño", afirmó.

Destacó que de acuerdo al proyecto, la inversión estimada para esas acciones previstas por el Gobierno Federal serían desarrolladas con un fondo superior a los tres millones y medio de pesos, que el alcalde confirmó en la lectura de su informe como trabajos ya terminados.

"Es mentira, no se ha llevado ni un solo bloque, pero la gente del Ayuntamiento ya acudió a las comunidades y cobró a los beneficiarios del programa la cantidad de 226 mil 800 pesos que en total deberían pagar como colaboración solidaría en el proyecto a razón de dos mil 268 pesos por familia", afirmó.

Canté Yamá dice que ha sido calificado como agitador y amenazado por la presidencia de denunciarlo por difamación, luego de advertir a los lugareños que han sido estafados por los funcionarios del Ayuntamiento.

La advertencia a los habitantes la hizo luego de la verificación y supervisión que realiza en las comunidades del programa de letrinas que ya deberían haber ejecutado los recursos asignados.

"Mi trabajo es vigilar la cuenta pública y el patrimonio del Ayuntamiento, así como fiscalizar la Hacienda pública, simplemente estoy cumpliendo con mis obligaciones aunque no le cuadre al presidente municipal", subrayó.

El funcionario hizo un llamado a la Contraloría estatal y federal, así como a la Sedesol del estado a cargo de Mercedes Hernández Rojas, para que verifique los alcances y avances que ha tenido en cinco poblaciones el programa de letrinas impulsado con recursos federales y estatales.